Juan Manuel Pérez García
Detective Privado, Director Seguridad y Consultor Independiente en Criminología y Criminalística
Madrid, España
La militarización de la seguridad ciudadana es una estrategia que ha tomado fuerza en diversos países, especialmente en América Latina, en respuesta al aumento de la criminalidad organizada, el narcotráfico y la percepción de inseguridad. Gobiernos de diferentes signos políticos han recurrido a las Fuerzas Armadas para tareas que, tradicionalmente, son competencia de las fuerzas policiales: patrullajes urbanos, control territorial, intervención en conflictos sociales e incluso tareas de inteligencia. Esta tendencia ha generado un intenso debate sobre su eficacia, legalidad y consecuencias en términos de derechos humanos y consolidación democrática.
Este artículo ofrece un análisis riguroso sobre la militarización de la seguridad desde una perspectiva jurídica, criminológica y operativa. Se exploran sus orígenes, los argumentos a favor y en contra, ejemplos concretos de implementación, y las recomendaciones de organismos internacionales sobre su uso. También se examinan los riesgos estructurales que acarrea delegar funciones policiales en instituciones diseñadas para la guerra.
La diferencia entre funciones militares y policiales
Para entender el impacto de la militarización, es fundamental distinguir los objetivos institucionales de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. Mientras que la función militar está diseñada para la defensa de la soberanía nacional frente a amenazas externas y actúa bajo principios de confrontación bélica, la función policial está orientada a garantizar el orden público, la convivencia pacífica y la protección de los derechos individuales.
Las fuerzas armadas están entrenadas para neutralizar al enemigo, lo que implica el uso intensivo y letal de la fuerza. En cambio, los cuerpos policiales actúan bajo un principio de uso proporcional, racional y progresivo de la fuerza, con protocolos que priorizan la disuasión, el diálogo y la detención sobre la eliminación física del infractor. Transferir responsabilidades policiales a los militares implica una alteración profunda del modelo de seguridad y de las garantías constitucionales que lo sustentan.
Orígenes y expansión de la militarización
En América Latina, la militarización de la seguridad no es nueva. Durante las dictaduras del siglo XX, los militares no solo controlaban el poder político, sino que dirigían el aparato de seguridad interna. Con la llegada de la democracia, muchos países establecieron límites legales para separar funciones militares y civiles. Sin embargo, ante el colapso de algunas policías, la corrupción endémica y el aumento de la criminalidad violenta, se ha recurrido nuevamente a los militares para tareas internas.
México, Brasil, El Salvador, Honduras y Colombia son ejemplos paradigmáticos. En México, desde 2006, el Ejército y la Marina participan activamente en la lucha contra el narcotráfico. En Brasil, las intervenciones federales han colocado al Ejército en control de la seguridad pública en estados como Río de Janeiro. En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha desplegado soldados en operaciones masivas contra pandillas, con altos índices de detención y también de denuncias por abusos.
Argumentos a favor de la militarización
Quienes defienden esta medida argumentan que las Fuerzas Armadas poseen:
- Mayor capacidad de despliegue en zonas de difícil acceso o controladas por grupos criminales.
- Mejor equipamiento y logística, en comparación con las fuerzas policiales.
- Disciplina institucional y menor corrupción en ciertos contextos.
- Alta legitimidad pública, especialmente en países donde las policías son vistas como ineficaces o coludidas con el crimen.
Desde esta óptica, la militarización aparece como una solución rápida y contundente frente a crisis agudas de violencia, especialmente cuando el Estado ha perdido el control territorial.
Argumentos en contra: riesgos estructurales
Sin embargo, los riesgos que entraña la militarización son múltiples y de gran calado:
1. Transformación del rol del Estado
El uso recurrente de militares en funciones civiles modifica la relación entre ciudadanía y Estado. La lógica de enemigo interno reemplaza el principio de servicio público, debilitando la cultura democrática y favoreciendo prácticas autoritarias.
2. Desprofesionalización policial
Cuando se confía la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, se posterga o desincentiva la reforma estructural de las policías. Esto genera una dependencia operativa que a largo plazo debilita la capacidad del Estado para ofrecer seguridad desde sus instituciones naturales.
3. Incremento en el uso letal de la fuerza
Las intervenciones militares tienden a tener tasas más altas de letalidad. En México, por ejemplo, organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas cometidas por fuerzas militares en operaciones contra el narcotráfico.
4. Falta de control civil y judicial
Las Fuerzas Armadas, en muchos países, están sujetas a jurisdicción militar, lo que dificulta la rendición de cuentas por abusos. La opacidad en sus operaciones, combinada con la ausencia de capacitación en derechos humanos, aumenta la probabilidad de violaciones sistemáticas.
Estudios de caso
México
Desde 2006, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ha sido constante. El gobierno de Felipe Calderón inició una “guerra contra el narco” que continuó bajo Enrique Peña Nieto y se profundizó con la creación de la Guardia Nacional durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Aunque se han logrado capturas importantes, los índices de violencia no han disminuido sustancialmente, y el número de desaparecidos y de violaciones a derechos humanos ha aumentado.
Brasil
La intervención federal en Río de Janeiro en 2018 fue un caso emblemático. Durante varios meses, el Ejército asumió el control de la seguridad en la ciudad. Los resultados fueron mixtos: hubo reducción de algunos delitos violentos, pero también un incremento en denuncias por abusos, y ninguna reforma estructural de fondo en la policía.
El Salvador
En el marco del “régimen de excepción” implementado por el presidente Nayib Bukele, miles de militares han sido desplegados para controlar territorios dominados por pandillas. Si bien se ha logrado reducir drásticamente el número de homicidios, organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, condiciones carcelarias inhumanas y uso excesivo de la fuerza.
Perspectiva internacional: recomendaciones de organismos multilaterales
Organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han sido enfáticos en advertir que la militarización de la seguridad debe ser:
- Excepcional
- Temporal
- Subsidiaria
- Sujeta a control civil y judicial
Además, se recomienda establecer estrategias de salida claras para evitar la normalización de la presencia militar en funciones civiles.
¿Alternativas a la militarización?
Las políticas públicas en seguridad pueden avanzar en múltiples direcciones que no impliquen militarizar:
- Reforma profunda de las policías: depuración, formación profesional, protocolos de uso de la fuerza y control ciudadano.
- Prevención social del delito: programas en educación, salud, empleo y urbanismo para reducir factores de riesgo.
- Justicia penal eficaz: sistemas judiciales que investiguen, juzguen y sancionen el delito con debidas garantías.
- Inteligencia criminal estratégica: análisis de redes, vínculos financieros y estructuras delictivas.
La militarización de la seguridad ciudadana puede generar efectos inmediatos de control y disuasión, pero sus costos estructurales son elevados y, en muchos casos, contraproducentes. La seguridad no puede basarse en la excepcionalidad ni en la fuerza bruta, sino en instituciones sólidas, legitimidad democrática y respeto por los derechos humanos.
Los países que han avanzado hacia modelos sostenibles de seguridad lo han hecho fortaleciendo sus policías civiles, profesionalizando sus sistemas de justicia y construyendo políticas de prevención con participación comunitaria. La militarización puede ser un parche ante el colapso, pero nunca una solución estructural.
Referencias
- Human Rights Watch. (2019). World Report: Mexico. Recuperado de https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/mexico
- Naciones Unidas. (2018). Informe del Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. https://www.ohchr.org
- Briscoe, I. (2015). Military and Police Roles in Latin American Security. Clingendael Institute.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2020). Uso de la Fuerza y Función de Seguridad Pública. OEA.
- Amnistía Internacional. (2022). El Salvador: Política de Seguridad sin Derechos. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/05/el-salvador-policia-seguridad/